La Policía Local de Montoro no ejecutará desahucios y el servicio jurídico municipal apoyará a los afectados

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La Policía Local de Montoro no ejecutará desahucios y el servicio jurídico municipal apoyará a los afectados.

La Policía Local de Montoro (Córdoba) no ayudará en la ejecución de las órdenes judiciales de desahucio y los servicios jurídicos del Ayuntamiento montoreño colaborarán con aquellas personas que se vean afectadas por un desahucio, en especial cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a vivienda única y habitual.
Así se recoge en la moción, a la que ha accedido Europa Press, que lleva al Pleno de este lunes el Grupo Municipal del PSOE y que será aprobada con seguridad, dado que los socialistas gobiernan el Consistorio montoreño con mayoría absoluta.
También plantean los socialistas “la eliminación del impuesto municipal de plusvalía y el impuesto de bienes inmuebles para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la Ley permita”.
Junto a ello, la moción requiere al “revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
Además, si el Pleno aprueba la moción, como está previsto, el Consistorio interpelará formalmente a las entidades financieras “para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegitimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria”.
EXIGENCIAS AL GOBIERNO
Al margen de los acuerdos referidos a las competencias municipales, la proposición socialista pretende que el Consistorio inste al Gobierno central aprobar “una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias”.
También se instará al Gobierno de la Nación “para que adopte las medidas necesarias para que, en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida de buena fe, se aplique la dación en pago regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda, aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca”.
De igual forma, se instará al Gobierno, según la pretensión del PSOE, “para que se adopten todo tipo de medidas tendentes a que los poderes públicos den cumplimiento efectivo al mandato del artículo 47 de la Constitución Española y se estudien salidas justas a la cuestión de las viviendas vacías”.
JUSTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN
La proposición, firmada por el portavoz municipal socialista, Antonio Javier Casado, se justifica en “la preocupante situación de desamparo en la que se encuentran miles de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas fruto de la avidez sin medida de especuladores y entidades financieras, de una legislación que no ha hecho sino permitir el inflado de una burbuja” que estallado “en la cara de los ciudadanos y no en la de los verdaderos responsables, que además están siendo auxiliados con faraónicos rescates financieros pagados de los propios bolsillos de los ciudadanos. Asistimos a la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas”.
Cifras, como la de más cinco millones de parados o el millón y medio de hogares que no tienen ingreso alguno dan una idea, según la moción del PSOE, de la dimensión del problema, y eso cuando “en este país hay dos millones y medio de viviendas vacías, la mitad de las cuales pertenece a los bancos”.
“Todo ello –prosigue la moción– nos anima a continuar peleando por nuestros derechos en materia de vivienda, para que no sean ninguneados. Ningún país que se declare como desarrollado y democrático puede seguir abanderando y fomentando la especulación con el ladrillo” y jugando “con un derecho constitucional”, ya que “no somos mercancía de políticos y banqueros” y, sobre todo, porque “no queremos un futuro hipotecado”.
CÓRDOBA, 25 Junio
EUROPA PRESS

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